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Acuerdan el archivo de la causa contra el exalcalde de Castril por supuestas llamadas erticas

El Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nico de Huscar (Granada) ha acordado el archivo provisional de la causa por malversacin de caudales pblicos contra el exalcalde socialista de Castril Jos Juan Lpez Rdenas en relacin al presunto uso de lneas telefnicas del Ayuntamiento para contratar servicios ajenos a la actividad municipal, como productos de televisin y erticos.

Granada, 6 de Noviembre de 2018


En un auto, al que ha tenido acceso medios de prensa, la jueza ha acordado el sobreseimiento de la causa por entender que no est acreditado que Lpez Rdenas prestara un consentimiento "vlido, libre, consciente y correctamente formado" respecto a los servicios que se suscribieron a tenor de las formas de contratacin que manejan las empresas que suministran estos productos.

Agrega adems que en la presente causa no concurren los elementos que integran ninguna de las modalidades del delito de malversacin de caudales pblicos.

La jueza ha tomado esta decisin despus de que el pasado 18 de octubre se celebrara una audiencia preliminar en relacin a este caso, donde solo el Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, solicitaba la apertura de juicio oral, mientras que la Fiscala haba pedido el archivo.

La causa gira en torno a una facturas de las lneas que usaban en el ayuntamiento el alcalde y un concejal suyo, entre diciembre de 2008 y enero de 2011, en las que se reflejaban importes por conceptos ajenos a la actividad municipal cuantificados en 2.937 euros.

En la causa se ha tratado de valorar si los dos investigados contrataron de forma consciente y voluntaria los servicios o si por el contrario el Ayuntamiento fue vctima de una prctica fraudulenta.

Respecto al concejal investigado, la jueza descarta que contratara estos servicios de forma consciente y da credibilidad a su declaracin, en la que dijo haber sido vctima de algn tipo de estafa telefnica, a lo que se suma documentacin que obra en las actuaciones, como un informe de Industria sobre la sancin impuesta a una de las empresas tras numerosas denuncias de usuarios.

Aunque en el caso de Lpez Rdenas las empresas afirman que prest consentimiento, la jueza lo pone en duda a la vista de las formas de contratacin, pues no est acreditado ni que cumplieran la obligacin de informar sobre las caractersticas del producto.

Junto a ello, la jueza destaca en su auto, contra el que cabe recurso, "la cantidad de fraudes y estafas que sufren numerosos consumidores a travs de procesos de contratacin similares" a estos.

En todo caso, mantiene que aunque Lpez Rdenas hubiera contratado conscientemente estos servicios "lo que se habra producido sera un uso indebido de la lnea de telfono que fue puesta a su disposicin por el Ayuntamiento de Castril", sin que esto posea relevancia penal, dada la "escasa cuanta y la inexistencia de perjuicio para el Ayuntamiento, adems de que las cantidades facturadas por estos conceptos fueron ntegramente devueltos".



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