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El Ayuntamiento de Granada promueve su personacin en el caso sobre presuntas irregularidades en TG7

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este lunes una comisin de Presidencia en la que se ha respaldado su personacin como acusacin en la causa sobre presuntas irregularidades en la contratacin de servicios extraordinarios en la televisin municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno del PP.

Granada, 16 de Abril de 2018


El asunto ya est siendo investigado por el Juzgado de Instruccin nmero 6 de Granada y la personacin en la causa ha contado este lunes con los siete votos a favor que han sumado PSOE, Vamos Granada, Ciudadanos e IU y las cuatro abstenciones del PP. El asunto no obstante deber pasar por el pleno, segn han detallado a medios de prensa fuentes municipales.

La Fiscala acord en febrero denunciar los hechos al Juzgado a raz de la denuncia que present Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricacin y malversacin de caudales pblicos.

Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) supuestamente contrat en 2015 servicios complementarios al contrato de grabacin que haba en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Pblico", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervencin municipal.

Todo ello podra haber generado un perjuicio econmico a las arcas municipales de 864.121 euros, segn se desprende de los documentos aportados a las actuaciones.

En un decreto fechado a finales de enero, al que ha tenido acceso medios de prensa, la Fiscala recordaba que ya abri diligencias de investigacin penal para aclarar el asunto y, tras las alegaciones que recibi por parte del edil denunciado, decidi llevar el asunto al Juzgado.

La Fiscala expone que la productora CBM ingres entre 2013 y 2015 "directamente dinero por publicidad que no qued registrado en la contabilidad municipal y "en consecuencia no pas por los rganos de fiscalizacin y control municipales". En este periodo factur un total de 381.569 euros a varias empresas pblicas y a una fundacin, entre otros.

A ello suma el fiscal que "con pleno conocimiento de la imposibilidad de reconocer una deuda previa contrada" con la productora desde enero de 2013 por "conceptos no concretados", el edil suscribi un documento que, si bien denomin convenio es "en realidad un contrato administrativo" que no establece obligaciones para el futuro sino que "se basa en el reconocimiento" de estas facturas impagadas.

Agrega que el edil careca de competencia para otorgar este contrato, lo que corresponda a la Junta de Gobierno Local, y recuerda que en el informe posterior que elabor al respecto el coordinador general de Economa, se indicaba que no era posible determinar a la vista del expediente "quin autorizaba esos servicios extraordinarios" que no cubra el contrato o qu circunstancias lo motivaron al no haber reflejo documental.

El informe del interventor expuso que los servicios complementarios facturados "carecen de crdito y soporte jurdico" y son "nulos de pleno derecho".

Las cuantas de las facturas son de 548.778,21 euros pendientes de pago que la productora CBM ha ganado por contencioso y 315.345,86 euros que la empresa considera cobrados a travs de las empresas pblicas (Inagra, Emasagra), lo que hace un total de 864.124,07 euros.



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